El Estado garantizó la continuidad del servicio y el pago de salarios de Aerolíneas Argentinas

La decisión -informó un comunicado- se adoptó luego del vencimiento del plazo legal de pago de los salarios, que la empresa no pudo abonar, y el consiguiente conflicto laboral planteado en los aeropuertos Jorge Newbery y Ezeiza, que ya fue atendido por el Ministerio de Trabajo.

El reclamo de los trabajadores fue formulado ante el Ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, quien instruyó al Secretario de Transporte, Ricardo Jaime, para que adopte las medidas necesarias para garantizar la seguridad jurídica, la continuidad del servicio público y la fuente de trabajo.

Todas las acciones desarrolladas, incluso el pedido de intervención en sede judicial, y el grave déficit operativo y funcional en que se encuentran ambas empresas, fue puesto en conocimiento de la Comisión Bicameral de seguimiento de las privatizaciones remitiendo la información respectiva.

La representación del Estado en Aerolíneas Argentinas (AA) y cuatro gremios del sector se presentaron ante la Justicia por separado para pedir la intervención de la empresa, que adeuda los salarios de junio y entró en cesación de pagos.

Los directores de AA, Vilma Castillo y Julio Alak, solicitaron al juez en lo Comercial 15, Jorge Sícoli, la designación de un administrador judicial para la compañía de aeronavegación, tarea que debería extenderse a Austral, por estar relacionadas en lo patrimonial y lo operativo.

El juez Sícoli es el magistrado que entiende en la causa de AA, razón por la cual los directivos estatales de la compañía fundan la presentación en los términos del artículo 17 de la Ley de Concursos.

Las entidades sindicales representativas de la compañía se presentaron ante el juzgado de Sícoli, ubicado en Callao 635, en esta capital.

Tras recibir las peticiones, el juez convocó para el próximo martes a una audiencia entre representantes de Marsans y del Estado argentino, accionista minoritario de Aerolíneas, en el directorio de la compañía.

Así, La Unión del Personal Superior de Aerolíneas (UPSA), la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) concurrieron ante el estrado judicial para solicitar el pago de los haberes caídos.

En la mañana del jueves, hubo tres vuelos de Aerolíneas y de Austral demorados y otro que fue cancelado en el Aeroparque Metropolitano, aunque fuentes gremiales desestimaron que los hechos se hayan producido por algún conflicto laboral.

En la presentación de los miembros estatales del directorio de AA se procedió a denunciar ante la Justicia que la empresa "dejó de cumplir con el pago de un sinnúmero de créditos, estando en situación de cesación de pagos e imposibilitada de cumplir regularmente con sus obligaciones".

Advirtieron, además, que la empresa "procedió a endeudarse inadecuadamente mediante la toma de créditos en condiciones de urgencia y postergación de pagos de acreedores".

"Esto pone de manifiesto que la concursada no está generando recursos propios destinados a la satisfacción de sus obligaciones para cumplir con su operatoria corriente", señala el escrito de los representantes del Estado en AA.

La situación actual es muy grave, y solo basta ver el tenor de las declaraciones de los involucrados que insisten en que "Si hay justicia, todos los directivos de Marsans tendrían que ir presos", declaró a periodistas el líder de la Asociación de Personal Aeronáutico (APA), Edgardo Llano, tras presentar la petición de intervención judicial en la compañía.

Subrayó que el sindicato, que reúne al personal de atención de clientes y despacho de vuelos, ha esperado "durante años" que el Estado "tenga un rol protagónico en el diseño de una aviación civil como servicio público estratégico" y para "recuperar Aerolíneas Argentinas en beneficio" de los trabajadores y la población.

Mientras, los principales diarios de Buenos Aires -opositores ellos- afirmaron que detrás del pedido de intervención está la intención del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner de nacionalizar Aerolíneas Argentinas, cuyo mayor acreedor es el Estado nacional.
También recogen el malestar de empresarios españoles y el diario Clarín, el de mayor tirada del país, sostuvo que Fernández "habló dos veces" con el jefe del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, "para amortiguar el impacto" de este asunto, "otro problema en la relación bilateral".

Los sindicatos denuncian desde hace meses que ambas aerolíneas tienen paralizada buena parte de su flota por falta de repuestos para su mantenimiento, a lo que se suman deudas y conflictos laborales latentes.

Enrique Frescia, líder de la Asociación de Aeronavegantes (auxiliares de a bordo), consideró que la privatización de la compañía y sus subsidiarias en 1991 "fue una operación ruin" que los sindicatos aeronáuticos no pudieron impedir.

El diario de negocios Ámbito Financiero sostuvo en su edición del jueves que el Gobierno de Fernández "va hoy a la justicia para quedarse" con Aerolíneas y "el argumento oficial" para pedir la intervención se basa en "los números en rojo" de la compañía, que "llegan ya a los 300 millones de dólares".

"Ya sea en forma parcial o total, el Gobierno tomó la determinación de estatizar" Aerolíneas Argentinas, publicó a su vez el diario El Cronista, que cita fuentes oficiales.
Sostuvo que la nacionalización se llevaría a cabo por medio de una "capitalización" de la deuda impositiva y por otros conceptos que la aerolínea mantiene con el Estado, calculada en unos 200 millones de dólares.